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martes, enero 07, 2014

La APDH Regional El Alto y la APDH Omasuyos, el 10 de diciembre de 2009 presentamos públicamente el anteproyecto LEY LUIS ESPINAL CAMPS, POR LA VERDAD Y JUSTICIA, CONTRA LA IMPUNIDAD al diputado Lucio Marca, lamentablemente no dieron importancia a esta iniciativa. Hoy Públicamente lo volvemos a presentar como aporte para la mejora del Proyecto de Ley de la Comisión de la Verdad, que fue aprobado en la Cámara de Senadores en diciembre de 2013, que a nuestro parecer adolece de permitir y permeabilizar la impunidad.

ASAMBLEA PERMANENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS
REGIONAL EL ALTO
ASAMBLEAPERMANENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS OMASUYOS

Considerando

Que, durante los gobiernos inconstitucionales ocurridos desde la década de los 60, 70, 80 y durante los gobiernos democráticos de la década de los 90 y 2000, se cometieron delitos de lesa humanidad, manifestándose que los culpables de estos delitos no fueron procesados y presentados ante los tribunales de justicia, comprobándose un sistemático proceder para que estas personas no sean juzgadas, gozando de una completa impunidad.

Que, algunas personas usando y abusando del cargo jerárquico, función pública, autoridad nacional, departamental, municipal, policial, militar, judicial, condición política, grado de parentesco y otras similares cometieron delitos contra los derechos humanos de las personas, amparándose en gobiernos de dictadura como en gobiernos democráticos, que algunas de estas autoridades (autores intelectuales) fueron procesados y llevados ante los estrados judiciales, demostrándose que la mayoría de las autoridades de menor jerarquía (autores materiales) como personal dependiente, fueron los que ejecutaron los delitos contra los derechos humanos y hoy ellos son los que se benefician con la impunidad.

Que, en los gobiernos producto de golpes de Estado Militar, como en los gobiernos producto de la Democracia, se cometieron delitos como: Tortura, desapariciones, juicios extrajudiciales, genocidios, masacres, tratos inhumanos y degradantes, violaciones a las mujeres, violaciones a los derechos de los trabajadores, violaciones a los derechos de los pueblos indígena originario y campesino, violaciones a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, violaciones a los derechos y garantías de las bolivianas y bolivianos, y que las personas que dolosamente cometieron estos delitos no fueron presentados públicamente para que la sociedad no olvide quienes fueron los que agredieron la vida y la dignidad de nuestros compatriotas.

Que, el proceso de vivir con impunidad comenzó desde los golpes de Estado de las décadas de los años 60, 70, 80, dando inicio a una sistemática y metódica practica de amenazar, mellar, restringir, prohibir, negar, anular derechos y garantías constitucionales con la colaboración de las diferentes administraciones del Gobierno Norte Americano y de gobiernos sud americanos que fueron parte del Plan Cóndor, lamentablemente estas prácticas inhumanas fueron planificados, gestionados y utilizados durante los gobiernos democráticos de corte ideológico neoliberal de las décadas de 80, 90 y 2000, practicas continuamente utilizadas bajo la garantía de la impunidad.

Que, la creación de una Comisión por la Verdad en el Estado Plurinacional de Bolivia no es capricho de un grupo de personas, más bien es resultado de vivir bien en democracia, siendo el trabajo especifico de esta Comisión por la Verdad identificar a los autores intelectuales y materiales que violaron los derechos humanos y estas personas no se beneficien con la impunidad, además que los asesinados, desaparecidos, torturados y toda persona que fue agredida en su dignidad no sea olvidada por la sencilla razón que dieron su vida por la vida de los demás Bolivianos y Bolivianas.

Que, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, constato lamentablemente que las personas que incurrieron en delitos de Lesa Humanidad, actualmente viven amparados a la sombra de la impunidad, dando discursos como defensores de los derechos humanos, escudándose como fiscales, dirigentes deportivos o haciéndose pasar por luchadores por la democracia, actitud que ofende la memoria de los personas que realmente dieron su vida por la vida de los Bolivianos y Bolivianas.

Que, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, presenta esta normativa denominada “LEY LUIS ESPINAL CAPMS, POR LA VERDAD Y JUSTICIA, CONTRA LA IMPUNIDAD”, para que la memoria de nuestros hermanos y hermanas no quede en el cobertizo del olvido, siendo a la vez nuestro homenaje a uno de los emblemáticos personas de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.

  
LEY LUIS ESPINAL CAMPS, POR LA VERDAD Y JUSTICIA, CONTRA LA IMPUNIDAD
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. (Objeto, Alcances y Ámbito de Aplicación)
I. El objeto de la presente Ley es identificar y presentar a la ciudadanía y  autoridades judiciales a las personas que no fueron sancionados judicialmente por sus actos dolosos por la violación a los derechos humanos y que viven sin castigo alguno amparados en la impunidad.
II. Esta Ley busca esclarecer la verdad de los hechos históricos violatorios a los derechos humanos e identificar a las personas que ordenaron y/o cumplieron órdenes para cometer delitos de lesa humanidad, y de esta forma honrar la memoria de las personas que fueron asesinados por los ideales de justicia y libertad.
III. Esta Ley se aplicará en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, su cumplimiento es obligatorio para las instituciones gubernamentales y servidores públicos, anulándose toda orden que prescriba documentación clasificada.

domingo, diciembre 22, 2013

SOBREVIVIENTES DE LAS DICTADURAS DENUNCIAN ANTE EL FORO MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS “LA PATRIA GRANDE DE LA MEMORIA. DEL PLAN CONDOR A LA CONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA”



 La Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad, por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano, presenta al Foro Mundial de Derechos Humanos la presente DENUNCIA INTERNACIONAL, contra el Gobierno de Juan Evo Morales Ayma, por la violación a los derechos humanos en su categoría de omisión y desprecio hacia los Sobrevivientes de las Dictaduras en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La Plataforma es una organización de ciudadanos Bolivianos, que sobrevivimos a los golpes de Estado instaurados desde los años 1964 a 1982, fuimos integrantes de organizaciones estudiantiles, sindicatos de trabajadores, partidos políticos de izquierda y otras agrupaciones sociales que luchamos contra las dictaduras. Siendo jóvenes idealistas enfrentamos muchos riesgos por nuestra vida, sufrimos detenciones arbitrarias en casas de seguridad, persecuciones, privados de libertad en cuarteles y cárceles clandestinas, fuimos confinados a lugares insanos como en las poblaciones de Madidi, Ixiamas, Pekin, Puerto Rico y otros similares donde solo se llegaba por avión y por lo tupido de la selva del amazonas boliviano se padecía de enfermedades tropicales, lugares donde no se contaba con medicamentos básicos, algunos de nuestros compañeros fueron confinados a la Isla de Coati en el Lago Titicaca; durante estas jornadas de desprecio hacia nuestras vidas muchos de nuestros compañeros y compañeras revolucionarios fueron torturados, desaparecidos y asesinados; la mayoría de nuestros verdugos caminan hoy por las calles de Bolivia gozando de IMPUNIDAD y al parecer con protección del Gobierno del Proceso de Cambio.

Nosotros recordamos cada 4 de noviembre, 21 de agosto, 1º de noviembre y 17 de julio junto a nuestras familias y compañeros de infortunio, las asonadas fascistas protagonizadas por los dictadores militares René Barrientos Ortuño, Hugo Banzer Suarez, Juan Pereda Asbun, Alberto Natusch Busch y Luis García Mesa, quienes aplicaron sin mayor reparo moral  el Plan Cóndor implementado por el Imperio Norteamericano. Barrientos protagonizó el asesinato a trabajadores mineros en Huanuni, Catavi y Siglo XX, en la noche de San Juan; Banzer inauguró los campos de concentración en Chonchocoro, Viacha, Achocalla, Madidi, Coati y  otros ; García Mesa, ordenó la toma violenta de la Central Obrera Boliviana donde fueron asesinados dirigentes emblemáticos de la política Boliviana como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y Gualberto Vega Yapura; Natusch Buch, ordenó la masacre de Todos Santos, para evitar el retorno de la Democracia que ya se sentía llegar con la fuerza y contundencia del Pueblo Boliviano. La resistencia heroica de hombres y mujeres duró 18 años, un pueblo con sus organizaciones logró con mucho esfuerzo, dolor y muertes recuperar la democracia.

LEY 2640 DE 11 DE MARZO DE 2004, Denominada de “RESARCIMIENTO EXCEPCIONAL A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POLITICA, EN PERIODOS DE GOBIERNOS INCONSTITUCIONALES” sancionada y promulgada por la obligación que tiene el Estado Boliviano por ser miembro de:  las NNUU, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para reparar los daños ocasionados por los Aparatos de represión del Estado Boliviano, por la violencia ejercida sobre miles de ciudadanos, Ley que  debería identificar a las víctimas y sancionar a los victimarios.

Lamentablemente el DECRETO SUPREMO 28015 DE 22 DE FEBRERO DE 2005 que reglamenta la Ley 2640, impone un proceso de IMPUNIDAD “la carga de la prueba está bajo la responsabilidad del potencial beneficiario…” con esta afirmación las victimas de tortura, persecución, confinados, detenidos, exiliados y desaparecidos, deberían demostrar esa condición presentando testigos y certificados médicos forenses en los casos de tortura y violaciones, certificaciones con documentos oficiales sobre los confinamientos, persecuciones, detenciones y exilios. Este Decreto Supremo desconoce la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece que ”la carga de la prueba corresponde al propio Estado denunciado”. El Art. 22 de la Ley 2640 establece la “COLABORACION PUBLICA” que obliga a las instituciones públicas colaborar con la Comisión Calificadora MANDATO QUE NO SE HA CUMPLIDO, las Fuerzas Armadas no han presentado ninguna información sobre las bolivianas y bolivianos que estuvieron bajo su custodia en los campos de concentración, de confinamiento, cuarteles, centros de detención como Chonchocoro, Viacha, Achocalla, Madidi, Ixiamas, Pekín, Puerto Rico, Isla Coati en el lago Titicaca o en casas de seguridad, ni el Ministerio de Gobierno, ha proporcionado información alguna sobre los bolivianos y bolivianas que fueron expulsados del país, a quienes se les entregó un PASAPORTE CON SELLO ROJO como señal de no permitírseles el retorno e ingreso a Bolivia.

martes, noviembre 26, 2013

DENUNCIA PÚBLICA

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Regional El Alto, hace recuerdo a toda Servidora  Pública y Servidor Público, que están obligados a cumplir lo prescrito en la CPE en sus Arts., 68.II, 110.II.III, 175.II, 235. 1, 410.II.

“Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsable a sus autores intelectuales y materiales. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior. Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras. Son obligaciones de los Servidores y servidoras públicos: 1 Cumplir la Constitución y las Leyes. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad esta integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derechos Comunitario, ratificados por el país…  ”

Victoria López de 69 años, Carmelo Zenteno de 70 años, Cecilio Ramos de 73 años, Luis Huisa de 74 años, Abel Villanpando de 73 años, Cesar Villca de 78 años y Niver Osaca de 72 años, todos adultos mayores fueron objeto de Discriminación de tratos inhumanos y degradantes al interior del Ministerio de Justicia, por orden de la propia Ministra de Justicia, por más de 36 horas, los días jueves 21 -hrs. 10:00- y viernes 22 -hrs 22:30- de noviembre de 2013, prohibiéndoles el uso de los servicios higiénicos, de agua, alimentos, frazadas, sillas, obligándoles a dormir en el suelo y prohibiendo que personal medico, activistas de Derechos Humanos y periodistas pudieran conversar con ellos.

La normativa es clara al respecto, se violo los derechos humanos de estas 7 personas adultas mayores, quienes fueron objeto de persecución por los Gobiernos de la Dictadura Militar y hoy padecen de intolerancia por un Gobierno de corte Socialista. La vigilia  que comenzaron en el mes de marzo de 2012, no es atendida considerándose una forma de maltrato hacia estas personas, es de conocimiento público el deceso de 13 adultos mayores sobrevivientes de las dictaduras militares y luchadores por la Democracia, democracia que es mal utilizada por quienes no la supieron pelear.

Es lamentable y hasta perverso como acciones que pueden favorecer al proceso de cambio, como la aplicación correcta de la Ley 2640, es totalmente distorsionada por un Decreto Supremo 28015, que obliga a las victimas de las dictaduras a probar con documentos originales que fueron; exiliados, torturados, confinados, deportados, a mujeres probar con un certificado forense que fueron violadas. Además el Gobierno los presenta públicamente que los Señores integrantes de la Plataforma solo quieren plata, afirmación que es anti-ética e inmoral.

Es necesario recordar que estos eminentes luchadores por la democracia piden lo siguiente:
1.     Constitución de la Comisión de la Verdad Justicia y Reparación.
2.  Desclasificación de los Archivos de las Dictaduras que se encuentran en poder de las Fuerzas Armadas.
3.     Cumplimiento de la Ley 2640.
4.     Cumplimiento de las Resoluciones de las NN.UU 60/147 y del Comité Contra la Tortura.
5.     Revisión de los Expedientes Desclasificados, Desestimados e Improcedentes.
6.     Convocatoria para presentar nuevos expedientes de quienes no lo hicieron oportunamente.