La Plataforma de
Luchadores Sociales Contra la Impunidad, por la Justicia y la Memoria Histórica
del Pueblo Boliviano, presenta al Foro Mundial de Derechos Humanos la presente DENUNCIA
INTERNACIONAL, contra el Gobierno de Juan Evo Morales Ayma, por la violación a
los derechos humanos en su categoría de omisión y desprecio hacia los Sobrevivientes
de las Dictaduras en el Estado Plurinacional de Bolivia.
La Plataforma es
una organización de ciudadanos Bolivianos, que sobrevivimos a los golpes de
Estado instaurados desde los años 1964 a 1982, fuimos integrantes de
organizaciones estudiantiles, sindicatos de trabajadores, partidos políticos de
izquierda y otras agrupaciones sociales que luchamos contra las dictaduras.
Siendo jóvenes idealistas enfrentamos muchos riesgos por nuestra vida, sufrimos
detenciones arbitrarias en cas
as de seguridad, persecuciones, privados de
libertad en cuarteles y cárceles clandestinas, fuimos confinados a lugares
insanos como en las poblaciones de Madidi, Ixiamas, Pekin, Puerto Rico y otros
similares donde solo se llegaba por avión y por lo tupido de la selva del amazonas
boliviano se padecía de enfermedades tropicales, lugares donde no se contaba
con medicamentos básicos, algunos de nuestros compañeros fueron confinados a la
Isla de Coati en el Lago Titicaca; durante estas jornadas de desprecio hacia
nuestras vidas muchos de nuestros compañeros y compañeras revolucionarios fueron
torturados, desaparecidos y asesinados; la mayoría de nuestros verdugos caminan
hoy por las calles de Bolivia gozando de IMPUNIDAD y al parecer con protección
del Gobierno del Proceso de Cambio.
as de seguridad, persecuciones, privados de
libertad en cuarteles y cárceles clandestinas, fuimos confinados a lugares
insanos como en las poblaciones de Madidi, Ixiamas, Pekin, Puerto Rico y otros
similares donde solo se llegaba por avión y por lo tupido de la selva del amazonas
boliviano se padecía de enfermedades tropicales, lugares donde no se contaba
con medicamentos básicos, algunos de nuestros compañeros fueron confinados a la
Isla de Coati en el Lago Titicaca; durante estas jornadas de desprecio hacia
nuestras vidas muchos de nuestros compañeros y compañeras revolucionarios fueron
torturados, desaparecidos y asesinados; la mayoría de nuestros verdugos caminan
hoy por las calles de Bolivia gozando de IMPUNIDAD y al parecer con protección
del Gobierno del Proceso de Cambio.
Nosotros recordamos
cada 4 de noviembre, 21 de agosto, 1º de noviembre y 17 de julio junto a
nuestras familias y compañeros de infortunio, las asonadas fascistas
protagonizadas por los dictadores militares René Barrientos Ortuño, Hugo Banzer
Suarez, Juan Pereda Asbun, Alberto Natusch Busch y Luis García Mesa, quienes
aplicaron sin mayor reparo moral el Plan
Cóndor implementado por el Imperio Norteamericano. Barrientos protagonizó el
asesinato a trabajadores mineros en Huanuni, Catavi y Siglo XX, en la noche de
San Juan; Banzer inauguró los campos de concentración en Chonchocoro, Viacha, Achocalla,
Madidi, Coati y otros ; García Mesa,
ordenó la toma violenta de la Central Obrera Boliviana donde fueron asesinados dirigentes
emblemáticos de la política Boliviana como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos
Flores Bedregal y Gualberto Vega Yapura; Natusch Buch, ordenó la masacre de
Todos Santos, para evitar el retorno de la Democracia que ya se sentía llegar
con la fuerza y contundencia del Pueblo Boliviano. La resistencia heroica de
hombres y mujeres duró 18 años, un pueblo con sus organizaciones logró con
mucho esfuerzo, dolor y muertes recuperar la democracia.
LEY 2640 DE 11 DE
MARZO DE 2004, Denominada de “RESARCIMIENTO EXCEPCIONAL A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POLITICA, EN
PERIODOS DE GOBIERNOS INCONSTITUCIONALES” sancionada y promulgada por la
obligación que tiene el Estado Boliviano por ser miembro de: las NNUU, la Convención Americana de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para reparar
los daños ocasionados por los Aparatos de represión del Estado Boliviano, por
la violencia ejercida sobre miles de ciudadanos, Ley que debería identificar a las víctimas y sancionar
a los victimarios.
Lamentablemente el DECRETO
SUPREMO 28015 DE 22 DE FEBRERO DE 2005 que reglamenta la Ley 2640, impone un proceso de
IMPUNIDAD “la carga de la prueba está bajo la responsabilidad del potencial
beneficiario…” con esta afirmación las victimas de tortura, persecución,
confinados, detenidos, exiliados y desaparecidos, deberían demostrar esa
condición presentando testigos y certificados médicos forenses en los casos de
tortura y violaciones, certificaciones con documentos oficiales sobre los confinamientos,
persecuciones, detenciones y exilios. Este Decreto Supremo desconoce la
jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y la Convención
Americana de los Derechos Humanos, que establece que ”la
carga de la prueba corresponde al propio Estado denunciado”. El Art. 22
de la Ley 2640
establece la “COLABORACION PUBLICA” que obliga a las instituciones públicas
colaborar con la Comisión Calificadora
MANDATO QUE NO SE HA CUMPLIDO, las Fuerzas Armadas no han presentado ninguna
información sobre las bolivianas y bolivianos que estuvieron bajo su custodia
en los campos de concentración, de confinamiento, cuarteles, centros de
detención como Chonchocoro, Viacha, Achocalla, Madidi, Ixiamas, Pekín, Puerto
Rico, Isla Coati en el lago Titicaca o en casas de seguridad, ni el Ministerio
de Gobierno, ha proporcionado información alguna sobre los bolivianos y
bolivianas que fueron expulsados del país, a quienes se les entregó un
PASAPORTE CON SELLO ROJO como señal de no permitírseles el retorno e ingreso a
Bolivia.
