La Paz – La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Bolivia) expresa su profunda
preocupación tras los violentos incidentes entre grupos de internos para
obtener el control del penal, ocurridos en la mañana del 23 de agosto en la
cárcel de Palmasola, departamento de Santa Cruz. Esos incidentes, dejaron hasta
el momento un saldo de 33 personas muertas, incluyendo a un niño de 18 meses y
más de 50 heridos, varios de gravedad por quemaduras.
Al
respecto, la Oficina extiende su solidaridad a todas las personas heridas y a
los familiares de las personas fallecidas e insta al Ministerio Público y a las
autoridades competentes a investigar exhaustivamente los hechos violentos a fin
de identificar, juzgar y sancionar a los responsables, incluyendo la eventual
responsabilidad por acción u omisión de funcionarios estatales, en particular
de miembros de la Policía. Asimismo, hace un llamado para que se garantice el
derecho a la salud de todas las personas heridas, asegurando que reciban una
atención médica adecuada.
Las
condiciones de detención de las cárceles bolivianas son precarias y no cumplen
con los estándares internacionales enunciados en las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas sobre el Tratamiento de los Reclusos, entre otros. Se registran
niveles de hacinamiento muy altos (14,000 detenidos para una capacidad de 5,000
plazas) y más del 80% de las personas privadas de libertad no han recibido una
condena firme. Esta situación es el resultado de carencias estructurales de
larga data, tales como la sistemática retardación de la justicia y la
corrupción que afecta los sistemas penitenciario y judicial.
En
varias oportunidades, mecanismos de supervisión de los derechos humanos tanto
internacionales como regionales han alertado a Bolivia sobre los problemas
arriba mencionados, formulando recomendaciones dirigidas a mejorar la situación
en las cárceles. Tal es el caso del Comité contra la Tortura (CAT) y de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros.
En
su último informe anual, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Navanethem Pillay, observó que el control de la organización
interna de los reclusos es confiado a los reclusos mismos. Tal situación, que
también es de carácter estructural, conlleva a la práctica sistemática de
extorsionar a las personas que ingresan en las cárceles, generando frecuentes
abusos con la tolerancia de algunas autoridades policiales de dichas
instituciones.
En
los últimos tres años el Gobierno ha realizado esfuerzos con el fin de ampliar
y mejorar la infraestructura existente. Adicionalmente, se aprobaron normas
legales y administrativas para disminuir el número de internos, reformar el
mecanismo de gobierno de las cárceles y dotarlas de un personal formado y
especializado, así como de nuevas tecnologías, para la seguridad interna y
perimetral de los recintos carcelarios. Sin embargo, el impacto de tales
iniciativas ha sido limitado y en algunos casos, se está todavía a la espera de
su implementación. En este sentido, resulta necesario por un lado, clarificar
la legislación vigente armonizando las disposiciones contenidas en distintos
instrumentos normativos para mayor efectividad, y por el otro, redoblar los
esfuerzos de reformas encaminados por la Dirección del Régimen Penitenciario en
los últimos meses con el objetivo de entregar la administración de las cárceles
a personal civil, y a la vez profesionalizar al personal encargado de
garantizar la seguridad en las instalaciones carcelarias.
Al
respecto, la OACNUDH-Bolivia urge a las autoridades competentes adoptar medidas
efectivas para proteger la vida y la integridad de las personas privadas de
libertad y para prevenir ulteriores violaciones de sus derechos humanos. Tales
medidas deberían contemplar, entre otros temas, la instauración de la plena
autoridad y control del Estado en los recintos penitenciarios, la reducción del
índice de personas en detención preventiva y la separación de los internos con
condena. Es además fundamental que se proceda en forma inmediata con la
protección efectiva de niños, niñas y adolescentes, que todavía viven en las
cárceles con sus progenitores, a través de su reubicación en otros lugares
aptos para garantizarles todos sus derechos.
La
OACNUDH-Bolivia considera que es tiempo para que se genere una amplia y
profunda reflexión entre las instituciones del Estado Plurinacional y la
sociedad boliviana en su conjunto, sobre cómo enfrentar los problemas urgentes
que afectan el sistema carcelario, la retardación generalizada de justicia de
larga duración y la presencia de niños, niñas y adolescentes, que todavía viven
con sus progenitores en las cárceles del país. Con este fin, podría explorarse
la viabilidad de una comisión legislativa abierta a la participación de
representantes de sociedad civil e instituciones estatales con responsabilidad
en tales materias, u otro mecanismo apropiado, que estudie la situación,
proponga soluciones y asegure la disponibilidad de los recursos necesarios para
poderlas implementar. Al respecto, la Oficina reitera su disponibilidad para
ofrecer su asistencia técnica en esta dirección en el marco de su mandato.
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