A 33 AÑOS DEL GOLPE DEL 17 DE JULIO

Waldo Albarracín Sánchez

Transcurrieron más de tres décadas desde aquel fatídico medio día del 17 de julio de 1980, en que las ambulancias llegaron a la sede de la Central Obrera Boliviana y,  cuando los transeúntes esperaban que salgan de su interior personas de mandil blanco para cumplir alguna labor humanitaria, emergieron  muchos sicarios armados de metralletas, éstos tenían una misión específica, allanar la referida sede sindical, ya sabían que en su interior estaban reunidos representantes de las principales organizaciones populares y políticas, quienes habían caído en la trampa de los militares, éstos planificaron inteligentemente el operativo. Primero protagonizar un levantamiento militar en Trinidad por la mañana precisamente para provocar la reunión del entonces  Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) en La Paz y atrapar a todos los asistentes a dicha reunión para llevárselos presos a las caballerizas del Estado Mayor. Es más, los sicarios tenían otra misión  específica, asesinar a uno de los líderes más lúcidos de la izquierda boliviana, Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fue reconocido por los paramilitares, recibiendo una ráfaga que lo dejó mortalmente herido, siendo llevado junto a los demás en esas condiciones, desde esa fecha nunca más supimos de él ni de otros dos que corrieron similar suerte Carlos Flores y Gualberto Vega.

Mientras esto acontecía, los autores intelectuales de este crimen de lesa humanidad, obligaban en el Palacio de Gobierno  a la única Presidenta Mujer que tuvo el país Lidia Gueiler a renunciar al cargo, consolidando así un cruento golpe de Estado, frustrando una vez más las legítimas aspiraciones del pueblo boliviano de construir su sistema democrático.

Pero  el propósito de nuestra gente de vivir bajo un Estado de Derecho, sus ansias de libertad, resultaron ser más fuertes que la miseria humana y la iniquidad uniformada, ambiciosa de poder. La lucha de nuestro pueblo logró derrotar a los dictadores para reconquistar una democracia que desde el 10 de octubre de 1982 permite la vigencia de consecutivos regímenes constitucionales. Sin embargo no obstante haber experimentado importantes avances en estas tres décadas, no es menos cierto que aún persisten peligrosos mecanismos fácticos de violación a los derechos humanos. Pese a que el Estado boliviano suscribió y ratificó una gran cantidad de convenios internacionales sobre derechos humanos, no obstante contar con una de las constituciones políticas más progresistas del continente, advertimos que en la vida cotidiana aún sobreviven conductas autoritarias,  intolerantes y discriminatorias como legado de los dictadores. García Meza y Arce Gómez están en la cárcel y su padrino Banzer muerto, pero los actos de éstos genocidas se reciclan a diario en la soberbia de las actuales “estrellas democráticas” que desde las esferas del poder local o nacional distorsionan el Estado de derecho y conculcan libertades. Es paradójico pero real,  en dictaduras los jueces y fiscales estaban subordinados a los gobernantes, generando una absoluta indefensión ciudadana e inseguridad jurídica, ese fenómeno pernicioso hoy no cambió para nada, un dictador de antes nos conminaba a caminar con el testamento bajo el brazo, hoy las autoridades amenazan con elaborar listas negras de personas que ejerciten su libertad de expresión criticando al Gobierno.  La impunidad  de los crímenes de lesa de humanidad y atropello a los derechos humanos  es una asignatura pendiente en esta democracia  y característica similar del pasado.

Pese a la normativa vigente, los bolsones de discriminación, racismo, machismo, violencia doméstica, acoso sexual, tráfico de personas, en especial de niños y mujeres, siguen siendo problemas irresueltos.  La retardación de justicia nos carcome y sectores vulnerables como los Pueblos Indígenas siguen siendo vistos como ciudadanos de segunda, con la agravante de ser perseguidos y reprimidos  por el actual régimen a causa de exigir sus derechos.

Será que los conductores del Estado se encuentran tan envilecidos con la miel del poder, que no sopesan en la necesidad imperante de democratizar la democracia?. García Meza y Arce Gómez, los represores del pasado no necesitan salir de la cárcel para cometer  sus fechorías, tienen dignos representantes en la sociedad política boliviana, en las cúpulas militar y policial. Por algo no se permite desclasificar los archivos de la represión.

 En este 17 de julio, fecha fatídica para el pueblo boliviano vale la pena reflexionar  sobre el destino de nuestra democracia como instrumento para la construcción de una sociedad de iguales y no como escenario de privilegios para los poderosos.