PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

POSICION DE LA APDH EL ALTO SOBRE LA SITUACION DE VIOLENCIA ACTUAL

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la ciudad de El Alto del Estado Plurinacional de Bolivia, recuerda a los gobernantes de la actual Administración de Gobierno que; “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo  en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.”(DUDDH. Arts., 3, 5, 29.1.2)

El Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a estos principios universales está obligado a promover y garantizar los derechos humanos de todo ciudadano y ciudadana a quienes se les faculta el ejercicio de estos valores humanos que fueron convertidos en derechos, indivisibles e imprescriptibles. La doctrina universal de los derechos humanos afirma que los únicos que violan (menoscaban, suprimen, restringen, anulan, prohíben) estos derechos son los servidores públicos. Pero también toda persona tiene deberes dentro la comunidad humana (Pueblo, Nación, Estado) los cuales en un Estado de Derecho y de Deberes deben ser cumplidos y la Ley es el instrumento o medio que limita el comportamiento humano cuando la moral, el orden público y el bienestar general estarían siendo desconocidas por algún ciudadano o ciudadana, grupo de personas, servidor público o entidad estatal. La vida es el primer valor a ser promovido y respetado por los servidores públicos, las libertades fundamentales y la seguridad personal de todo boliviano y boliviana son integrales e indivisibles, por tanto toda persona no pueden ser objeto de tortura, tratos inhumanos o degradantes, ni desconocer la dignidad humana siendo la ley quien determinaría en casos concretos la limitación de los derechos y deberes, la lucha contra cualquier delito no puede ser argumento para negar o restringir la vida, las libertades fundamentales, la dignidad de las personas y su seguridad personal, valores que son garantizados por la misma Constitución Política del Estado Plurinacional.

Respecto a los sucesos de Colquiri, Challapata, Colquechaca - Pocohata, Mallku Cota y otros similares, en concordancia con los valores y principios descritos en el primer párrafo exhortamos a todas las autoridades Gubernamentales: 

1.        En el tema de Colquiri, que el gobierno asuma la responsabilidad administrativa de la mina Colquiri, utilizar todos los medios permitidos por la ley para evitar toda confrontación entre mineros cooperativistas y asalariados (bolivianos y bolivianas), puesto que la vida, las libertades fundamentales, la dignidad de la persona y su seguridad recaen específicamente ante los servidores públicos quienes por omisión pueden ser acusados de violadores de derechos humanos.

2.        En el tema de Challapata, exhortar a las instancias y autoridades llamadas por ley que luchan contra los delitos de contrabando y otros, realicen sus actividades sin el argumento de ejercer violencia sea por tortura, tratos inhumanos y degradantes contra sus connacionales y apliquen los procedimientos legales evitando abusos de autoridad. Manifestamos a la vez nuestro rechazo a la utilización desproporcionada de la fuerza pública por medio de acciones militares contra la población civil ajena a los delitos perseguidos y pedir la investigación inmediata de la muerte de las dos personas con armas de fuego. Denunciamos ante el Ministerio Público que la APDHB condena los actos dolosos de toda persona que transgreden los derechos humanos.

3.        En el tema de Colquechaca y Pocoata,  condenamos las acciones que atentan contra la vida, la integridad de las personas y generan hechos de violencia innecesarios por parte de nuestros mismos hermanos. Exigimos al gobierno intervenga promoviendo la pacificación en el marco de sus funciones pero más allá promoviendo la presencia estatal a partir de postas de salud, de escuelas, de trabajo que puedan renovar la confianza en el Estado ausente que genera inseguridad social para muchos ciudadanos del país, una franja imaginaria (limites inter comunales, municipales o departamentales) no pueden ser utilizadas para discriminar y proceder con actos racistas. En tal caso el Gobierno tiene la obligación de utilizar todos los medios idóneos y legales para evitar la perdida de vidas humanas.

4.        En el Caso Mallku Cota, condenamos que una empresa trasnacional de origen Canadiense realice actos que menosprecian la soberanía de nuestros pueblos y promueve la violencia entre nuestros hermanos originarios, el Gobierno tiene la obligación de resguardar la seguridad de nuestros connacionales y evitar que la vida y las libertades fundamentales de todos nuestros hermanos sean restringidos por apetitos de calculo político, de intereses de costo y beneficio propios de la doctrina de mercado neoliberal.

5.        Treinta años de democracia fueron ganados por la lucha constate de todos los ciudadanos y ciudadanas, el ejercicio de los derechos humanos en algunos casos históricos fueron ganados a costa de la perdida de vidas de hombres, mujeres, niños, niñas y personas de tercera edad, es una actitud perversa que los servidores públicos realicen actos por comisivos y por omisión que dan como resultado la violación de los derechos humanos, es condenable que nuestros hermanos actúen en contra de sus propios hermanos promoviendo la transgresión de la leyes y fomentando la violencia que solo trae la muerte y la división de nuestra familia Boliviana.

POR EL COMITÉ EJECUTIVO