por Rafael Puente
La noticia es preocupante. El Ejecutivo ha propuesto —y la correspondiente comisión del Senado está de acuerdo con la propuesta— que el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti sea designado embajador de Bolivia ante Naciones Unidas. Sólo falta que el Senado apruebe la designación. Por supuesto no pretendo influir en esa decisión a través de estas líneas, pero me siento en la obligación —como ciudadano boliviano y como militante del proceso de cambio— de cuestionarla.
Para empezar, no se trata de una embajada cualquiera ante un gobierno más o menos cercano y más o menos importante. Se trata de la representación oficial ante el conjunto de estados del mundo, ante esas “Naciones Unidas” a las que nuestro Presidente les ha dicho tremendas y certeras verdades. Por tanto deberíamos cuidar que nuestro o nuestra representante oficial sea una persona que encarne también esas verdades, que pueda sostenerlas y repetirlas desde una inobjetable solvencia moral. Y no es el caso del ciudadano Sacha Llorenti, del que podemos afirmar que tiene cuentas pendientes con el pueblo boliviano, y con el estado plurinacional.
Y quede claro que no pretendo erigirme en juez y condenar a dicho ciudadano sin pruebas y sin juicio previo. Todo lo contrario, creo que tenemos derecho a exigir un proceso judicial, y la correspondiente presentación de pruebas, para que quede claro cuál fue la responsabilidad del entonces ministro Llorenti en los hechos de Caranavi y sobre todo en los hechos de Chaparina. No es que lo consideremos automáticamente culpable, lo que no podemos aceptar es su simple declaración de inocencia, ya que el ministro de Gobierno es el principal responsable del orden interno, y también del desorden interno; y por tanto no es suficiente que se declare inocente de la indigna represión de Chaparina, sino que tiene la obligación de averiguar quién es el verdadero responsable, y también de procesarlo.
Se nos ha dicho que la culpa fue de la Policía Nacional. Entonces ¿quién en el aparato del Estado responde de la Policía Nacional? ¿No es precisamente el Ministro de Gobierno? Y a casi un año de los hechos ¿qué ha hecho dicho ministro para averiguar y esclarecer responsabilidades? Que la opinión pública sepa, nada; de modo que si no fuera culpable por comisión vendría a ser culpable por omisión. Porque no sólo los marchistas agredidos, sino la sociedad en su conjunto, tenemos derecho de saber la verdad; y nuestros representantes en el Senado deberían exigir su esclarecimiento antes de apoyar la designación de Llorenti como embajador ante Naciones Unidas. Por razones éticas, pero también por razones políticas, por la credibilidad de nuestro país, de nuestro Gobierno y de nuestro Presidente.
Y no me vengan con los muchos méritos acumulados por Sacha Llorenti durante el tiempo en que estuvo al frente de la Asamblea de Derechos Humanos, ya que esa misma Asamblea lo ha declarado persona no grata mientras no se aclaren los sucesos de Caranavi y Chaparina, donde lo que estuvo en juego fue precisamente el respeto a los derechos humanos. Haber pasado por encima de los propios principios, y del propio historial, sería pues un agravante, no un atenuante.
Sabemos que en nuestro cuerpo diplomático hay diferentes categorías de personas, desde las más respetables hasta las cuestionables, y a fin de cuentas no siempre resulta trascendente lo que hagan o digan nuestros representantes en Francia o en el Perú (salvo cuando dicen las barbaridades que dijo este último, y que aún así pasaron más bien desapercibidas). Pero ante la Organización de Naciones Unidas no hemos tenido durante los años pasados embajadores que pudieran ser cuestionados ni ética ni políticamente, por lo que se puede afirmar que estábamos dignamente representadas y representados. Y me temo que ahora no podamos decir lo mismo. ¿No es una pena?
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