martes, noviembre 26, 2013

DENUNCIA PÚBLICA

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Regional El Alto, hace recuerdo a toda Servidora  Pública y Servidor Público, que están obligados a cumplir lo prescrito en la CPE en sus Arts., 68.II, 110.II.III, 175.II, 235. 1, 410.II.

“Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsable a sus autores intelectuales y materiales. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior. Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras. Son obligaciones de los Servidores y servidoras públicos: 1 Cumplir la Constitución y las Leyes. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad esta integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derechos Comunitario, ratificados por el país…  ”

Victoria López de 69 años, Carmelo Zenteno de 70 años, Cecilio Ramos de 73 años, Luis Huisa de 74 años, Abel Villanpando de 73 años, Cesar Villca de 78 años y Niver Osaca de 72 años, todos adultos mayores fueron objeto de Discriminación de tratos inhumanos y degradantes al interior del Ministerio de Justicia, por orden de la propia Ministra de Justicia, por más de 36 horas, los días jueves 21 -hrs. 10:00- y viernes 22 -hrs 22:30- de noviembre de 2013, prohibiéndoles el uso de los servicios higiénicos, de agua, alimentos, frazadas, sillas, obligándoles a dormir en el suelo y prohibiendo que personal medico, activistas de Derechos Humanos y periodistas pudieran conversar con ellos.

La normativa es clara al respecto, se violo los derechos humanos de estas 7 personas adultas mayores, quienes fueron objeto de persecución por los Gobiernos de la Dictadura Militar y hoy padecen de intolerancia por un Gobierno de corte Socialista. La vigilia  que comenzaron en el mes de marzo de 2012, no es atendida considerándose una forma de maltrato hacia estas personas, es de conocimiento público el deceso de 13 adultos mayores sobrevivientes de las dictaduras militares y luchadores por la Democracia, democracia que es mal utilizada por quienes no la supieron pelear.

Es lamentable y hasta perverso como acciones que pueden favorecer al proceso de cambio, como la aplicación correcta de la Ley 2640, es totalmente distorsionada por un Decreto Supremo 28015, que obliga a las victimas de las dictaduras a probar con documentos originales que fueron; exiliados, torturados, confinados, deportados, a mujeres probar con un certificado forense que fueron violadas. Además el Gobierno los presenta públicamente que los Señores integrantes de la Plataforma solo quieren plata, afirmación que es anti-ética e inmoral.

Es necesario recordar que estos eminentes luchadores por la democracia piden lo siguiente:
1.     Constitución de la Comisión de la Verdad Justicia y Reparación.
2.  Desclasificación de los Archivos de las Dictaduras que se encuentran en poder de las Fuerzas Armadas.
3.     Cumplimiento de la Ley 2640.
4.     Cumplimiento de las Resoluciones de las NN.UU 60/147 y del Comité Contra la Tortura.
5.     Revisión de los Expedientes Desclasificados, Desestimados e Improcedentes.
6.     Convocatoria para presentar nuevos expedientes de quienes no lo hicieron oportunamente.


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