domingo, diciembre 22, 2013

SOBREVIVIENTES DE LAS DICTADURAS DENUNCIAN ANTE EL FORO MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS “LA PATRIA GRANDE DE LA MEMORIA. DEL PLAN CONDOR A LA CONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA”



 La Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad, por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano, presenta al Foro Mundial de Derechos Humanos la presente DENUNCIA INTERNACIONAL, contra el Gobierno de Juan Evo Morales Ayma, por la violación a los derechos humanos en su categoría de omisión y desprecio hacia los Sobrevivientes de las Dictaduras en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La Plataforma es una organización de ciudadanos Bolivianos, que sobrevivimos a los golpes de Estado instaurados desde los años 1964 a 1982, fuimos integrantes de organizaciones estudiantiles, sindicatos de trabajadores, partidos políticos de izquierda y otras agrupaciones sociales que luchamos contra las dictaduras. Siendo jóvenes idealistas enfrentamos muchos riesgos por nuestra vida, sufrimos detenciones arbitrarias en casas de seguridad, persecuciones, privados de libertad en cuarteles y cárceles clandestinas, fuimos confinados a lugares insanos como en las poblaciones de Madidi, Ixiamas, Pekin, Puerto Rico y otros similares donde solo se llegaba por avión y por lo tupido de la selva del amazonas boliviano se padecía de enfermedades tropicales, lugares donde no se contaba con medicamentos básicos, algunos de nuestros compañeros fueron confinados a la Isla de Coati en el Lago Titicaca; durante estas jornadas de desprecio hacia nuestras vidas muchos de nuestros compañeros y compañeras revolucionarios fueron torturados, desaparecidos y asesinados; la mayoría de nuestros verdugos caminan hoy por las calles de Bolivia gozando de IMPUNIDAD y al parecer con protección del Gobierno del Proceso de Cambio.

Nosotros recordamos cada 4 de noviembre, 21 de agosto, 1º de noviembre y 17 de julio junto a nuestras familias y compañeros de infortunio, las asonadas fascistas protagonizadas por los dictadores militares René Barrientos Ortuño, Hugo Banzer Suarez, Juan Pereda Asbun, Alberto Natusch Busch y Luis García Mesa, quienes aplicaron sin mayor reparo moral  el Plan Cóndor implementado por el Imperio Norteamericano. Barrientos protagonizó el asesinato a trabajadores mineros en Huanuni, Catavi y Siglo XX, en la noche de San Juan; Banzer inauguró los campos de concentración en Chonchocoro, Viacha, Achocalla, Madidi, Coati y  otros ; García Mesa, ordenó la toma violenta de la Central Obrera Boliviana donde fueron asesinados dirigentes emblemáticos de la política Boliviana como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y Gualberto Vega Yapura; Natusch Buch, ordenó la masacre de Todos Santos, para evitar el retorno de la Democracia que ya se sentía llegar con la fuerza y contundencia del Pueblo Boliviano. La resistencia heroica de hombres y mujeres duró 18 años, un pueblo con sus organizaciones logró con mucho esfuerzo, dolor y muertes recuperar la democracia.

LEY 2640 DE 11 DE MARZO DE 2004, Denominada de “RESARCIMIENTO EXCEPCIONAL A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POLITICA, EN PERIODOS DE GOBIERNOS INCONSTITUCIONALES” sancionada y promulgada por la obligación que tiene el Estado Boliviano por ser miembro de:  las NNUU, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para reparar los daños ocasionados por los Aparatos de represión del Estado Boliviano, por la violencia ejercida sobre miles de ciudadanos, Ley que  debería identificar a las víctimas y sancionar a los victimarios.

Lamentablemente el DECRETO SUPREMO 28015 DE 22 DE FEBRERO DE 2005 que reglamenta la Ley 2640, impone un proceso de IMPUNIDAD “la carga de la prueba está bajo la responsabilidad del potencial beneficiario…” con esta afirmación las victimas de tortura, persecución, confinados, detenidos, exiliados y desaparecidos, deberían demostrar esa condición presentando testigos y certificados médicos forenses en los casos de tortura y violaciones, certificaciones con documentos oficiales sobre los confinamientos, persecuciones, detenciones y exilios. Este Decreto Supremo desconoce la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece que ”la carga de la prueba corresponde al propio Estado denunciado”. El Art. 22 de la Ley 2640 establece la “COLABORACION PUBLICA” que obliga a las instituciones públicas colaborar con la Comisión Calificadora MANDATO QUE NO SE HA CUMPLIDO, las Fuerzas Armadas no han presentado ninguna información sobre las bolivianas y bolivianos que estuvieron bajo su custodia en los campos de concentración, de confinamiento, cuarteles, centros de detención como Chonchocoro, Viacha, Achocalla, Madidi, Ixiamas, Pekín, Puerto Rico, Isla Coati en el lago Titicaca o en casas de seguridad, ni el Ministerio de Gobierno, ha proporcionado información alguna sobre los bolivianos y bolivianas que fueron expulsados del país, a quienes se les entregó un PASAPORTE CON SELLO ROJO como señal de no permitírseles el retorno e ingreso a Bolivia.

 ESTAMOS EN VIGILIA, Desde el 13 de marzo de 2012, estamos atrincherados  frente al Ministerio de Justicia, para que la opinión pública sepa que hace 9 años atrás fue sancionada y promulgada la Ley 2640, Ley incumplida por la actual Administración del Presidente Evo Morales. Se constituyó una Comisión Calificadora, la evaluación y calificación dio como resultado la descalificación de más de seis mil solicitudes de presos, perseguidos, torturados, exiliados y desaparecidos.
 
Las resoluciones de descalificación constituyen  “prueba” para los violadores a los derechos humanos, que niegan sin temor alguno la inexistencia de dictaduras en Bolivia, las persecuciones, las detenciones  indebidas, las torturas inhumanas, para estos grupos que usaron y abusaron del poder son simplemente negados, forzando a una amnesia provocada, los medios de comunicación no hacen ninguna referencia a estos hechos históricos, los crímenes de las dictaduras son minimizados y parecería que no es ético recordar a los luchadores por la democracia ni reivindicarlos, sólo fueron calificados mil cuatrocientos solicitudes de resarcimiento por los 18 años de resistencia del pueblo, de organizaciones sociales, sindicales y políticas.
Indignados por la indolencia de la burocracia Estatal al no atender oportunamente nuestros reclamos, hemos tomado la decisión de permanecer en VIGILIA bajo la consigna de AHORA O NUNCA.  Hasta este mes de diciembre de 2013, ya fallecieron 14 compañeros que militantemente estuvieron en la vigilia.

Consterna y preocupa que sólo mil setecientos catorce victimas (1714) hayan sido calificadas positivamente, y más de cuatro mil víctimas  fueron descalificadas; entre otras víctimas figuran el Sacerdote Católico  Julio Tumiri Javier, Fundador de la APDHB, la Sra. Nelly Colque de Paniagua, madre que realizó la huelga de hambre con sus 8  hijos junto a Domitila Chungara y otras mujeres mineras el 28 de diciembre de 1977 acción que derrocó al Dictador Hugo Banzer Suarez, bajo  el siguiente tecnicismo:

“Que, de la valoración jurídica del expediente se establece que …, no ha demostrado fehacientemente los hechos resarcibles alegados, conforme lo dispone el Art. 4 parágrafo IV del Decreto Supremo Nº 28015 que establece que la carga de la prueba estará bajo la responsabilidad del potencial beneficiario.
Que, el informe técnico legal Nº …, de fecha …, elaborado por el equipo técnico de calificación, ha procedido a la evaluación y análisis de los antecedentes del presente caso, recomendando la no calificación de los hechos resarcibles alegados” (Comisión Calificadora CONTECA)
Se demuestra enfáticamente que el Gobierno Plurinacional de Bolivia, por intermedio del Ministerio de Justicia, actúo violando los más elementales Principios Internacionales de Acceso a la Información, y Lucha Contra la Impunidad, al aprobar el Decreto Supremo 28015, obliga que la carga de la prueba recaiga sobre las propias víctimas, garantizando con este infausto Decreto Supremo la IMPUNIDAD, acción que contradice a la Corte Interamericana:

“La Corte Interamericana ha establecido que, toda persona, incluyendo a los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, tienen el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas (o las víctimas), y la sociedad como un todo, deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. En este sentido, el derecho de acceso a la información impone a los Estados entre otros, el deber de preservar y facilitar el acceso a los archivos estatales, cuando éstos existieran, y de crearlos y preservarlos cuando no estuvieran recopilados u organizados como tales” (Comisión de DH de la ONU, Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los DH mediante la Lucha Contra la Impunidad E/CN.4/2005/Add. Principio 3 “El deber de recordar”, Principio 4 “El deber de saber”, Principio 5 “Garantías para hacer efectivo el derecho a saber” concordante con el Articulo 13.2 de la Convención Americana. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de delitos y del Abuso de Poder Anexo  Principio 11 “Resarcimiento” Principio 12 “Indemnización”)
PEDIMOS AL GOBIERNO DE EVO MORALES
1.      Constitución de la Comisión de la Verdad Justicia y Reparación.
2.      Desclasificación de los Archivos de las dictaduras que se encuentran en poder de las Fuerzas Armadas.
3.      Cumplimiento de la Ley 2640.
4.      Cumplimiento de las Resoluciones de las NNUU 60/147 y del Comité Contra la Tortura.
5.      Revisión de los Expedientes Desclasificados, Desestimados e Improcedentes.
6.      Convocatoria para presentar nuevos expedientes de quienes no lo hicieron oportunamente.

LA PAZ-BOLIVIA DICIEMBRE DE 2013

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN
www.facebook.com/PlataformaDeLuchadoresSociales

No hay comentarios:

Publicar un comentario